La gestión del exalcalde Diego Rivera en el municipio de Tequila enfrenta fuertes cuestionamientos por la ausencia de información pública relacionada con contratos, auditorías y manejo de recursos municipales en la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT).
Una revisión a los registros oficiales muestra que durante la administración iniciada en octubre de 2024 prácticamente no se publicaron documentos clave sobre obras, servicios, ingresos o declaraciones patrimoniales de funcionarios, situación que ha encendido alertas sobre posibles irregularidades y falta de rendición de cuentas.
PNT muestra vacíos en contratos y uso del presupuesto
La falta de información disponible en la Plataforma Nacional de Transparencia ha generado preocupación entre ciudadanos y observadores locales.
Entre los datos ausentes destacan:
- Contratos de obra pública, bienes y servicios
- Auditorías e informes financieros
- Declaraciones patrimoniales de funcionarios
- Registros sobre ingresos y egresos municipales
En distintos apartados de la plataforma, las búsquedas arrojan “cero resultados”, pese a que la legislación obliga a los gobiernos municipales a publicar esta información de manera periódica y sin necesidad de solicitudes ciudadanas.
Ley obliga a municipios a transparentar recursos
La Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública establece que los ayuntamientos deben difundir información relacionada con presupuestos, contratos, salarios y programas gubernamentales.
El artículo 66 contempla la obligación de transparentar el uso de recursos públicos, incluyendo licencias, contratos y planes de desarrollo municipal.
Sin embargo, durante la administración de Diego Rivera, gran parte de estos datos no fueron publicados, lo que podría representar incumplimientos en materia de transparencia y acceso a la información.
Declaraciones patrimoniales generan dudas
Otro punto que ha llamado la atención son las declaraciones patrimoniales de algunos funcionarios municipales.
En mayo de 2023, cuando aún era regidor, Diego Rivera reportó ingresos anuales por poco más de 72 mil pesos y aseguró que parte de sus recursos provenían de actividades relacionadas con la compra y venta de caballos.
No obstante, la declaración no reflejaba activos relevantes, lo que ha provocado cuestionamientos sobre la consistencia de la información presentada.
También surgieron contrastes con otros funcionarios del municipio. Uno de los casos señalados es el del tesorero Julio César Limón, quien declaró ingresos superiores a 34 millones de pesos derivados de actividades laborales previas.
Acusaciones de corrupción agravan el caso
La situación tomó mayor relevancia tras la detención de Diego Rivera y otros funcionarios municipales durante la llamada Operación Enjambre.
Las autoridades investigan presuntas irregularidades relacionadas con desvío de recursos públicos, abuso de funciones y posibles actos de corrupción dentro de la administración municipal.
Además, la empresa José Cuervo presentó denuncias relacionadas con supuestas multas excesivas impuestas durante la gestión del exalcalde.
Exigen mayor vigilancia y rendición de cuentas
El caso ha puesto nuevamente sobre la mesa el debate sobre la transparencia en gobiernos municipales y el papel de los organismos encargados de supervisar el cumplimiento de la ley.
Especialistas y ciudadanos han señalado la importancia de fortalecer los mecanismos de fiscalización para evitar opacidad en el manejo de recursos públicos.
La ausencia de información oficial no solo afecta la confianza ciudadana, sino que también dificulta el seguimiento sobre cómo se ejerce el presupuesto municipal.