La Suprema Corte de Justicia de la Nación suspendió el uso de nueve camionetas blindadas adquiridas recientemente por más de 25 millones de pesos, luego de que la compra desatara críticas por el elevado costo de los vehículos en medio del discurso de austeridad del Poder Judicial.
Las unidades, modelo Jeep Grand Cherokee blindadas, fueron adquiridas mediante adjudicación directa y estaban destinadas al traslado de ministros de la Corte.
Compra de camionetas superó los 25 millones de pesos
La adquisición fue autorizada por el Comité de Adquisiciones de la Corte el pasado 5 de diciembre y contempla un gasto total de 25 millones 650 mil pesos.
Cada vehículo tuvo un costo aproximado de 2 millones 850 mil pesos, cifra que generó cuestionamientos sobre la necesidad de destinar recursos públicos a unidades de lujo para funcionarios judiciales.
Aunque la compra no fue cancelada oficialmente, el presidente de la Corte, Hugo Aguilar, ordenó detener el uso de las camionetas tras la polémica pública.
Empresa ligada a contratos gubernamentales obtuvo adjudicación
El contrato fue otorgado a Total Parts and Components, empresa filial de Grupo Andrade, corporativo que ha mantenido contratos con distintos gobiernos federales en los últimos años.
La compañía ha participado en el suministro de vehículos y equipamiento para dependencias como la Secretaría de la Defensa Nacional, la Guardia Nacional y el Instituto Nacional Electoral.
La adjudicación directa volvió a poner bajo debate los mecanismos de contratación pública y la transparencia en el uso de recursos gubernamentales.
Polémica revive debate sobre austeridad en el Poder Judicial
La difusión del gasto provocó críticas en redes sociales y entre distintos sectores políticos debido al contraste entre la compra de vehículos blindados y el discurso de austeridad impulsado desde el gobierno federal.
El tema también reactivó cuestionamientos sobre los privilegios dentro del Poder Judicial y sobre si este tipo de adquisiciones resultan justificables en el actual contexto económico.
Diversas voces señalaron que el gasto podría enviar un mensaje contradictorio frente a las exigencias de contención presupuestal y uso eficiente de recursos públicos.
Seguridad de funcionarios enfrenta críticas por gasto público
La compra abrió nuevamente el debate sobre el equilibrio entre la seguridad de altos funcionarios y la responsabilidad fiscal del Estado.
Mientras algunos consideran que los ministros requieren medidas especiales de protección debido a la naturaleza de sus funciones, otros sostienen que este tipo de gastos deberían evaluarse bajo criterios más estrictos de austeridad y necesidad.
La controversia ocurre en un momento donde el manejo del presupuesto público continúa siendo uno de los temas más sensibles dentro de la discusión política nacional.